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Marco Legal y políticas públicas armonizadas

La formulación de la nueva constitución de la república en el 2008 generó nuevas reglas del juego para la intervención por parte del gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. En este sentido, y en el marco de la implementación del esquema de la gobernanza forestal, es necesario generar un nuevo marco legal ajustado a la nueva realidad institucional que domina en el país. De esta manera se viene desarrollando una nueva Ley Forestal y normativas, acorde con el contexto nacional que  facilite el acceso a los trámites y disminuya los costos de operación, convirtiendo a la actividad forestal en ágil y competente con los demás sectores productivos que presionan al bosque, buscando también la regularización de la tierra a fin de propiciar seguridad jurídica.

Por otro lado, la política forestal del estado debe ser coherente y tener concordancia con las demás políticas, buscando sinergias y comunicación entre organismos del Estado, que asegure que todos los actores de la sociedad se empoderen de las múltiples funciones del bosque, y su papel en el bienestar de la población, satisfaciendo necesidades básicas de alimento, energía, producción, recreación, valor espiritual, cultural y salud, generando cultura forestal en el Ecuador.

 

Descentralización

La implementación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la nueva ley forestal deben estar armonizadas para la implementación de procesos de descentralización en función de las atribuciones generadas desde el COOTAD. En este sentido, es importante la definición de estos procesos en función de las capacidades demostradas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de manera que puedan convertirse en las instituciones locales de apoyo a la gestión forestal sustentable.

Otro proceso relacionado a la descentralización de los procesos de gestión forestal constituyen las circunscripciones territoriales indígenas, que también podrían ser beneficiarias de procesos de descentralización en función de las capacidades que puedan demostrar para una adecuada gestión de sus recursos forestales.

 

Participación pública

La nueva constitución creó el quinto poder del estado, que consiste en el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este sentido es importante también reconocer que existen varias leyes que incluyen la participación de la ciudadanía en la toma adecuada de decisiones. De esta manera, la implementación de sistemas participativos y de control social como la promoción de participación de organizaciones de la sociedad civil y veedurías ciudadanas, deben ser aspectos fundamentales que deben guiar la toma de decisiones de los diferentes elementos de la gobernanza forestal en el país. De esta manera la implementación de los diferentes procesos relacionados a la gestión forestal quedarán legitimados mediante consensos y sentados en la realidad socio-económica de los diferentes actores del país.

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